Artículo 233 de la Constitución de Venezuela: El plazo en controversia

Dr. Juan Castro / Especial para El Globo News

En algunos medios se ha publicado la información, según la cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, el Presidente de la Asamblea Nacional, encargado del Poder Ejecutivo Nacional de forma interina, debe celebrar elecciones dentro de 30 días siguientes a que se produzca la falta absoluta del presidente electo. Para algunos sesudos analistas, este plazo se le vencería al Presidente Juan Guaidó el día 23 de febrero de 2019, según su interpretación gramatical del texto constitucional.

A ELLOS, LES RECUERDO LO SIGUIENTE:

Las normas jurídicas, incluidas las de rango constitucional, forman parte de un sistema de disposiciones que deben interpretarse de manera armónica, contextualizada y nunca aisladamente y menos literalmente, pues con ello se corre el riesgo de no tomar en cuenta factores reales y legales que influyen en la adecuada comprensión y aplicación del derecho.

En ese sentido, es amplísima la doctrina acerca de los métodos de interpretación jurídica, que describe, entre otros, el histórico, gramatical, contextual, sistémico, temporal, matemático, etc., como herramientas interpretativas que permiten al operador jurídico, cualquiera sea su naturaleza, logar un acertado descubrimiento de la correcta función de cada norma que compone el engranaje jurídico de un ordenamiento en particular.

El Artículo 233 de la Constitución vigente en Venezuela textualmente señala que “Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

El contexto institucional para el que fue pensada la anterior disposición constitucional es aquel en el cual existe un Estado en pleno y normal funcionamiento, de acuerdo a las directrices constitucionales, en el que, por una circunstancias sobrevenidas y totalmente inesperadas e imprevistas, se produce la falta absoluta del Presidente de la República electo, justo antes de su toma de juramento, el día 10 de enero del año siguiente a la fecha de su elección. En este caso, partiendo del supuesto constitucional de existencia de un Estado funcionando normalmente, resulta absolutamente lógico y apropiado que la organización de una nueva elección se lleve a cabo en un plazo perentorio, para que no exista una mayor alteración de la vida Republicana.

En efecto, la convocatoria a nuevas elecciones es un trámite administrativo no tan complejo, cuando la misma se hace por órganos que están debidamente organizados, y que funcionan de acuerdo a los estándares legales del ordenamiento jurídico, pero… ¿es esta la situación de Venezuela hoy? ¿Está el país en un ambiente de normalidad institucional, social, económica, política y constitucional?

La respuesta es clarísima: NO

Y es que tal respuesta no la emite un aspirante a escritor, es el HEMISFERIO OCCIDENTAL entero quien a la presente fecha ha reconocido que en Venezuela el orden constitucional fue violentamente alterado por una banda de narco criminales que, por la fuerza, han pretendido hacerse con el poder en Venezuela y que, en este preciso momento, ejercen de facto, atribuciones y competencias que están usurpando.

Ante una situación real de esta naturaleza, lo primero que debe rescatarse en Venezuela es la vigencia y aplicabilidad material o práctica de la Constitución y, a tales fines, la propia Constitución contiene normas que orientan lo que debe hacerse para el logro de dicho objetivo. En efecto, en el TÍTULO VIII, denominado “DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN. Capítulo I De la Garantía esta Constitución”, el artículo 333 expresamente indica que “esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano (incluido el presidente interino o encargado) investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Por lo tanto, en la situación fáctica y real actual de Venezuela, en la que la OEA, el Parlamento Europeo, EE.UU., la mayoría de los países de Latinoamérica representados en el Grupo de Lima, solo por mencionar algunos actores internacionales, han declarado y reconocido que en Venezuela existe una gravísima alteración del orden constitucional, derivada de la acción inconstitucional de un grupo de sujetos liderados por Nicolás Maduro -quienes han usurpado el poder en Venezuela, apoyados por un grupo seguramente minoritario pero con algún poder de fuego de la Fuerza Armada venezolana- que implica en términos reales la inobservancia y derogatoria por actos de fuerza de las disposiciones constitucionales; lo primero que debe hacer todo ciudadano, investido o no de autoridad, incluido el Presidente Interino, es realizar todo cuanto sea menester parea colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

En tal sentido, no habiéndose logrado aún el restablecimiento de la efectiva vigencia de la constitución, y por ende el normal funcionamiento del Estado, resulta a todas luces imposible, en el plano de las acciones reales, convocar, organizar y realizar elecciones de ningún tipo en Venezuela, ni siquiera de juntas de condominio, puesto que la Constitución y su aplicabilidad han perdido toda vigencia por actos de fuerza. De tal manera que, el mencionado plazo de 30 días para la convocatoria de elecciones, establecido en el artículo 233 del Texto Constitucional, comenzará a correr una vez que se haya reestablecido la vigencia de la Constitución, así como el normal funcionamiento de los Órganos del Estado, y hasta que ello no ocurra, toda la acción, nacional e internacional, debe estar dirigida a la concreción del mandato contenido en el artículo 333 de la Constitución Venezolana.

Por lo tanto, exigir la convocatoria y realización de elecciones presidenciales en Venezuela en los 30 días siguientes consecutivos al 23 de enero de 2019, es no solo ignorar las mínimas formas adecuadas de interpretación jurídica, sino más grave aún, desconocer la realidad actual de Venezuela, a saber: un país en el que se ha llevado a cabo un golpe de estado por parte de Nicolás Maduro y su banda de crimen organizado con apoyo de fuerzas internas y externas (ELN; FARC, HAMAS, HEZZBOLLAH), el cual debe ser revertido, para lograr así el restablecimiento del Estado de Derecho, el orden Constitucional y la efectiva vigencia de la Constitución de Venezuela.