Diálogo forzado o estrategia

Dr. Juan Castro / Especial para El Globo News

Florida.- La mañana del 8 de julio de 2017 los venezolanos que residimos en el estado de Florida, así como el mundo entero, despertamos con la noticia de que a Leopoldo López se le había concedido el beneficio procesal de arresto domiciliario por razones humanitarias, en virtud de la situación de salud del dirigente político, según reseña expresamente el Tribunal Supremo de Justicia en su cuenta de Twitter, en razón de haberse avocado de oficio al conocimiento de la causa por cuanto “existían serios señalamientos de irregularidades sobre la distribución del expediente a un tribunal de ejecución”, por lo que fue trasladado del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde (cárcel de Ramo Verde), a su domicilio en el municipio Chacao del Estado Miranda, Distrito Capital de Venezuela.

Este acontecimiento sorpresivo, en primer lugar generó alegría en buena parte de la sociedad que desde el punto de vista humano se regocijó con la idea de ver a una familia reunida nuevamente, sobre todo por el impacto que en los hijos del dirigente político ello implica; pero al propio tiempo surgieron las naturales interrogantes acerca de las razones que llevaron a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en cabeza de su presidente Maikel Moreno, a adoptar esta decisión de forma tan repentina e inadvertida, y cuya ejecución fue llevada a cabo con una celeridad inusitada, en un país en el que la justicia se caracteriza por ser lenta en su accionar.

Ante esa situación, algunos analistas plantean la hipótesis de que el gobierno nacional haya efectuado una maniobra sorpresiva con miras a que se abra un nuevo espacio de negociación con la oposición venezolana, lo cual sería ahora posible visto el “gesto” de mandar a Leopoldo López a su casa, para que cumpla allí su condena. Esa presunción hace necesario recordar que el éxito de todo proceso de negociación requiere que las partes se comprometan verdaderamente a honrar los acuerdos alcanzados, lo que presupone la honorabilidad de los involucrados. Pero cuando uno de los actores ha transgredido la ley en todas las formas posibles, y además se le reputa el ser aliado de elementos de carácter delictivo y hasta terroristas, dicha honorabilidad queda severamente cuestionada y por tanto nada indicaría que los acuerdos que pudieran concretarse serán efectivamente cumplidos.

Resulta lógico entonces que gran parte de la sociedad venezolana perciba con suspicacia este “gesto” del gobierno para con el prisionero político más emblemático del régimen de Nicolás Maduro, agregando a ello que la aceptación de la medida adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia, no solo por parte de Leopoldo López, sino de los partidos políticos de oposición, y hasta de la propia fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, implicaría la “legitimación” del máximo ente judicial del país y de todas sus actuaciones anteriores a la medida humanitaria, puesto que la sentencia que benefició a Leopoldo López emana de órganos y jueces que hasta el día de hoy han sido cuestionados en su legitimidad.

Al propio tiempo, muchos nos preguntamos si efectivamente la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia constituye una muestra de voluntad política, con el claro objetivo de amainar la radicalización en ambos lados del espectro político, generándose así el clima necesario para iniciar procesos de entendimiento que vayan enrumbado al país por la senda constitucional, o si por el contario es una estrategia artificiosa del gobierno para desmontar el movimiento de rechazo nacional en su contra. Los acontecimientos que se sucedan en los próximos días irán respondiendo estas interrogantes, sin embargo, así como hoy en día nadie duda que Leopoldo López jamás debió ir a la cárcel, tampoco han debido designarse magistrados exprés; ni cercenarse la realización del referendo revocatorio, y mucho menos declarar en desacato a la Asamblea Nacional, desconociéndose además la representación del pueblo de Amazonas en dicho órgano; ni permitir que elementos armados hayan atentado contra la vida de jóvenes que simplemente reclamaban en las calles un futuro mejor para la tierra que los vio nacer.

Todos estos acontecimientos tendrían que ser “revertidos” por parte de un estamento gubernamental que hoy más que nunca tiene la obligación de demostrar con hechos que su real intención es avanzar en la normalización del país. Sin embargo, es tal la naturaleza y gravedad de las acciones llevadas a cabo desde hace varios años por la cúpula “madurista” que, incluso habiendo dado la orden de enviar a Leopoldo López a su casa, pareciera que ello evidencia la realización de una maniobra destinada a ganar tiempo, enfriar las protestas callejeras y lograr encuadres con los intereses internacionales que geopolíticamente tienen en Venezuela un objetivo apetecible, lo cual no debe ser secreto, ni generar sorpresas.

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