¿ES ILÍCITA LA DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DELEGADA Y RATIFICACIÓN DE GUAIDÓ?

Carlos Ramírez López

Me motiva escribir este artículo algunos planteamientos referidos a la legalidad de mantener la vigencia de la Asamblea Nacional elegida en 2015 así como también de la presidencia interina de Juan Guaidó. 

LA SIMULACIÓN

El régimen representado por Nicolás Maduro es único en su afán de simular ante el mundo que constituye un Estado de derecho, ninguno de sus iguales de otros países lo hacen, proclaman ser dictadores y punto. Sin embargo, el origen de tal modalidad corresponde a Hugo Chávez quien abanderando un proceso de optimizar el sistema democrático lo que en realidad perseguía era destruirlo y para lo cual planteó la “democracia participativa y protagónica” mediante la reorganización de la estructura estatal a partir de una Asamblea Constituyente -que siempre calificó como un medio para profundizar la democracia- y lo puso en práctica con la hecatombe que ello ha significado pero siempre simulando un sistema democrático.

Asamblea Nacional

LLEVAMOS 20 AÑOS SIN UN RÉGIMEN DE LEGALIDAD INSTITUCIONAL

Desde que se instaló esa Asamblea Nacional Constituyente el 3 de Agosto de 1999 se desató una afiebrada actividad dictatorial que declaró “originaria y supra constitucional” en desacato a tres sentencias de la Corte Suprema de Justicia que en los trámites previos para obtener el permiso para su formación expresamente le había negado y prohibido dicha categorización, y con ello desaplicaron la propia Carta Magna que regía desde 1961 arrasando con los poderes públicos y generando una falsa legalidad que aún perdura y que tiene en su cúspide a la denominada constitución bolivariana y hacia abajo se ha desparramado en 6 leyes habilitantes con los que primero Chávez y después Maduro además de ejercer funciones de Poder Ejecutivo también asumieron funciones legislativas abuso dictatorial en lo cual dictaron 330 Decretos ley con los que impusieron un entramado legal que es el que desde entonces rige la vida pública del país. Toda una legalidad de hecho, no de derecho y en permanente degeneración

LA LEGALIDAD DE HECHO

Lo que desde aquella Asamblea Constituyente hasta ahora está ocurriendo en Venezuela es una subversión total de lo que se conoce como Estado de Derecho por lo que resulta irónico el que a las manifestaciones por restablecerlo se les exija actuar bajo estrechas limitaciones jurídicas.

Como antes se explica, el primer cargo del poder público que es la Presidencia de la República viene siendo objeto de una cadena de situaciones que se han superpuesto que solo para citar algunos ejemplos, además de las citadas “leyes habilitantes” y sus sucedáneos “Decretos ley” tenemos las expropiaciones, la conformación fraudulenta del Tribunal Supremo de Justicia con el que suplantaron la función legislativa del parlamento, etc, etc, etc….

En ese historial tenemos casos del planteamiento de Chávez para  darse derecho a la reelección contrariando la prohibición de su propia constitución, pretensión que le fue negada en referéndum popular en el año 2007, prohibición que luego burló bajo la maniobra ilícita de repetirlo para así materializar su delirio por un mandato infinito con un nuevo período que iniciaría en 2013. Así fue como él se hizo presidente por segunda vez. Ese segundo mandato que obtuvo con violación a la CRBV generó una situación de hecho, con ninguna previsión legal, pero a la que todo el mundo se sometió. En el desarrollo de aquel episodio le sobrevino la enfermedad y muerte que a su vez nos dejó en el cargo a Maduro en contrario a las previsiones constitucionales en el orden para la sucesión, y éste, sin atenerse a la obligación de separarse del cargo se ungió como candidato y ejerció la presidencia saltándose todas las prohibiciones jurídicas.

Los hechos comentados aún siendo contrarios a la CRBV generaron consecuencias en esa línea de una legalidad de hecho aplicada en todos estos últimos mas de 21 años pues ni ese segundo período de Chávez en la presidencia tenía legitimidad, ni tampoco el ejercicio en suplencia del sucesor, ni su posterior candidatura estando en ejercicio del cargo tenían validez legal, eso lo han forzado por la vía de los hechos, mas sin embargo ahora tenemos a personajes de la vida pública reclamando que la Asamblea Nacional nacida del proceso electoral del 2015 ya se extinguió, que sus actos no valen, que la Comisión Delegada que nombró es inconstitucional, extinción de gestión que también exigen contra Guaidó.

EL TEMA DE LA CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA

Por sentencia del 9 de enero de 2013 la Sala Administrativa del TSJ “legalizó” el hecho de que el entonces reelecto presidente Chávez no cumpliera con la obligación de jurar el cargo el día 10 de enero ante la A.N como expresamente lo estatuye el artículo 231 de la CRBV. El citado pronunciamiento concluyó en el sofisma de que esa norma es aplicable solo a quien haya sido elegido mas no para el “reelegido” puesto que éste era beneficiario del principio de “continuidad administrativa” según el cual no se ha de permitir un vacío de poder por esa falta jurar el cargo en fecha diferente al pautado en la norma.

Ver sentencia: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/02-9113-2013-12-1358.HTML

MUERE CHÁVEZ Y SE ENCARGA MADURO

El 5 de marzo de 2013 murió Chávez y en virtud de expreso mandato de la CRBV en el artículo 233 correspondía asumir transitoriamente el cargo al presidente de la AN que en ese momento detentaba Diosdado Cabello, pero no ocurrió así, quien asumió fue Nicolás Maduro a título de Vicepresidente, esto con apoyo de otra sentencia del TSJ basado en su manoseado principio de “continuidad administrativa” con lo cual repitieron la situación del estado de hecho, que no de derecho, que viene padeciendo Venezuela hasta llegar al período en el que éste sigue ejerciendo el cargo justificado en un proceso electoral fraudulento rechazado a lo interno y por gran parte de la comunidad internacional, y que para agravar las cosas propulsó una nueva Asamblea Constituyente “supraconstitucional” con la que se mantuvo el estado de anarquía institucional que nunca ha cesado.

LA LEGITIMIDAD DE LA ASAMBLE NACIONAL Y DE LA PRESIDENCIA INTERINA

Y es bajo ese dantesco cuadro dictatorial que a duras penas ha podido medio sobrevivir la oposición política que milagrosamente pudo obtener reconocimiento general de la A.N surgida del proceso electoral del año 2015 y a la que la dictadura, al darse cuenta del error de cálculo de haber permitido su instauración rápidamente sometieron a múltiple acoso para desactivarla, primero le arrancaron la mayoría calificada quitándole los tres diputados indígenas mediante una “sentencia” del fraudulento TSJ creado por Diosdado Cabello al final de su gestión como presidente de la AN. Después también con otra de esas groseras sentencias la declararon “en desacato” y por tanto suplantando sus atribuciones en esa oficina para asuntos jurídicos del dictador mal llamado TSJ. Y así prácticamente en la agonía de sus últimos respiros esa asediada AN pudo sobreponerse y declarar vacante el cargo de presidencia de la república y designar a Juan Guaidó como presidente interino, lo cual ha contado con un gran apoyo tanto del pueblo venezolano como de un gran conglomerado de naciones.

SE VENCIÓ EL PERÍODO ¿HAY QUE DESAPARECER?

Ahora, vencido el período de esa Asamblea Nacional se votó por mantener su vigencia y la de Guaidó como presidente interino, proclama anti dictatorial que sigue siendo reconocida por una gran cantidad de países con Estados Unidos a la cabeza, pero, a lo interno hay voces que reclaman el cese de dicho poder transitorio, voces que van en coincidencia desde la estructura dictatorial hasta algunos sectores de la oposición, reclamo que desconoce que en Venezuela no existe legalidad alguna, que no hay estado de derecho, que el último vestigio que queda para la lucha libertaria es esa Asamblea Nacional sometida a toda clase de acoso. Se le venció el período establecido en la CRBV, es cierto, pero ¿acaso ésta rige al  pie de la letra en Venezuela? Ya, vemos que no, para ninguno de los poderes públicos. Lo que hay es una legalidad de hecho, los hechos generan las respuestas de legalidad aplicable, y estos hechos nos llevan a la conclusión de que esa Asamblea Nacional y ese presidente interino que ella designó deben continuar en el ejercicio de sus funciones, bien sea bajo la excusa de no incurrir en vacío de poder, bien sea porque la tiranía es la que impide su renovación mediante un proceso democrático tal y como lo ha entendido la comunidad internacional.

¿MANTENEMOS O RENUNCIAMOS A LO CONSTRUIDO EN ESTA LEGALIDAD DE HECHO?

Es verdad que tanto la AN como Juan Guaidó han cometido y cometen desaciertos, errores y malas actuaciones, pero de allí a clamar por la desaparición de lo que queda de esa legalidad de hecho que favorece las luchas libertarias hay un gran trecho, eso es cuando menos un desatino. Hemos visto reclamos sobre un insalvable cese del período para el legislativo que nos llevaría al absurdo de considerar las siguientes alternativas: 1) desaparición del poder legislativo, o, 2) reconocimiento de ese esperpento que simula serlo y que preside Jorge Rodríguez. A la par hay quien reclama el cese del interinato de Guaidó, lo cual a su vez implicaría 1) desaparición del poder ejecutivo, o, reconocimiento a Maduro como su representante.

La AN y Guaidó como legislativo y ejecutivo respectivamente es lo que nos queda, guste o no, es lo que nos queda, aún cuando han defraudado las esperanzas que generaron a sus inicios, es lo que nos queda, y en esta hora menguada están obligados a levantarse sobre sus ruinas, tienen que justificar la necesidad de mantenerse allí, tienen que dar una verdadera pelea por derrocar la tiranía y devolver la libertad a Venezuela pues de lo contrario nada de esto habrá tenido sentido y nos habrán hecho un gran daño.

En lo particular he reclamado y mantengo que se debe poner especial atención en el manejo de los dineros que por una u otra razón haya estado o esté a cargo de Juan Guaidó, que se rinda cuentas, que se sancione y se vean las sanciones a quienes se impliquen en actos de corrupción y sobre lo cual hay varias escandalosas denuncias públicas que deben ser aclaradas. En resumen requerimos transparencia en el ejercicio del poder público en especial en todo cuanto implique dinero.

Reclamo y mantengo que se reconozca en forma efectiva  el TSJ en el exilio procurando que también eso ocurra en todos los países que nos apoyan para que se puedan ejecutar sus sentencias; que se asigne efectiva y realmente presupuesto, y que de esa institución saquen las manos los partidos y sus personeros.

Reclamo y mantengo que se designe un Ministro de Defensa en el exilio para la formación de un ejército libertador que encabece una acción militar seguida y apoyada por la comunidad internacional.

Reclamo y mantengo por un Ministerio de Relaciones Exteriores que en verdad procure efectividad en el apoyo que desde otros países declarativamente nos ofrecen. Me refiero a pelear de verdad por la expulsión del representante de Maduro en le ONU; intervención real ante la Corte Penal Internacional sobre la actitud cómplice con la tiranía que desde dicho tribunal se ha brindado  a la tiranía. También sobre la Corte Internacional de Justicia por el caso Esequibo.

Reclamo y mantengo por la insensatez de gestionar el interinato bajo el criterio del sectarismo partidista repartiendo los cargos disponibles casi exclusivamente entre sus militantes, simpatizantes y amigos cercanos de los dirigentes.

@carlosramirezl3

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: