LA CONSPIRACIÓN EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Dr. Carlos Ramírez Lóprez –

El próximo 15 de junio 2021 debe entregar el cargo Fatou Bensouda pues hasta allí llega su período de 9 años como Fiscal de la Corte Penal Internacional. La persona que le sustituya debió haber sido nombrada desde el 18 de diciembre del pasado año 2020 pero eso no ha sido posible porque grandes intereses se mueven a lo interno para burlar la forma legal de nombrar a dicha autoridad que es una elección de los Estados Parte del Estatuto de Roma el cual en su artículo 42.4 textualmente ordena: “El fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes”.

Bajo el pretexto de buscar un sustituto por consenso ciertas élites políticas vienen burlando el citado dispositivo legal al punto de que han hecho 10 intentos sin resultado.

EL PSOE Y SUS ESFUERZOS PARA MANIPULAR LA DESIGNACIÓN

El historial de esa trama para que grandes  intereses políticos sigan adueñados de dicha fiscalía tiene básicamente como protagonista al gobierno socialista de España que formó un equipo para ello que encabeza Josep Borrell alto dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) quien actualmente funge como Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. También el inefable Rodríguez Zapatero y para mayor “eficiencia” también el ex juez Baltasar Garzón y su esposa la Fiscal General de España, Dolores Delgado, quienes han impulsado la candidatura de un abogado de nombre Carlos Castresana quien no obstante contar con un buen currículum vendría a responder a esos intereses lo cual le ha significado un fuerte lastre a su candidatura.

Las últimas informaciones sobre esa batalla silenciosa indican que hay dos aspirantes que han venido sumando apoyos de los países con derecho a elegir, uno es un abogado irlandés de nombre Fergal Gaynes y el otro el abogado británico Karim Khan, especialista en derecho penal Internacional y actual Subsecretario General de la ONU y quien finalmente pareciera ser el que ha obtenido mas apoyos.

EL LEGADO DE LA BENSOUDA

Ella se va a disfrutar de su dorada jubilación que le da derecho a todos los privilegios del cargo dejando un legado bandidesco en los 9 años que estuvo como vice fiscal y otros 9 como fiscal apañando los crímenes que se suponía debería combatir. Esto es inaceptable. Si semejante atrocidad queda impune nada justificaría la supervivencias de la Corte Penal Internacional pues la impunidad ante el crimen es de por sí un crimen mayor. Fatou Bon Bensouda debe ser procesada como cómplice de todos los delitos que se le denunciaron y no persiguió, en particular los cometidos por Nicolás Maduro  Moros y la pandilla criminal que ha ensangrentado y causado infernales sufrimientos al pueblo venezolano. De quedar eso sin castigo se estará alentando su repetición tal como ocurrió con el anterior fiscal Luís Moreno Ocampo.

LA NECESIDAD DE REVISAR LA EXISTENCIA DE LA CPI

Actualmente estamos ante la disyuntiva de eliminar a ese tribunal para buscar modos eficientes para la finalidad que fue creado como podría ser la creación de organismos de la misma naturaleza pero por regiones. En lo particular hace tiempo he venido sosteniendo que los crímenes ejecutados por los gobiernos de Chávez y de Maduro debemos juzgarlos nosotros mismos en un tribunal especial tipo el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, exactamente bajo ese mismo modelo pues en Venezuela lo que tenemos es un holocausto en estos mas de 20 años de genocidio.

En cuanto a la etapa posterior a la caída del régimen, debemos pensar en formar una estructura jurídica que nos permita ensamblar con una nueva organización democrática y dar respuesta a las necesidades de justicia de los venezolanos en el campo penal y en el campo civil. Hay que devolver las propiedades confiscadas, hay que juzgar penalmente a los actores de la dictadura, hay que reparar a las víctimas. Nada de eso podremos hacerlo con el aparato judicial destruido que nos están dejando y que hay que reorganizar totalmente. El desastre tanto legislativo como organizacional que esta gente ha realizado es terrible, por lo que será tarea de primer orden rehacerlo todo y mientras eso se lleva a cabo, que no será de un día para otro, deberemos formar un Alto Tribunal de Justicia Transicional que llene el vacío institucional entre la dictadura que se extingue y el retorno a la democracia, un tribunal que ha de crearse bajo un Estatuto Especial Transitorio en el que se especifiquen los tipos delictivos y el procedimiento para encauzarlos, un tribunal con jurisdicción universal que nos permita juzgar, perseguir y poner en Venezuela para que cumplan condena a toda persona involucrada en estos crímenes, estén donde estén. Igualmente haremos con todos los dineros que nos han robado. Cero impunidad.

Por solo referirme a uno de los muchos temas que el planteamiento anterior conlleva, traigo a colación el del necesario juzgamiento a los incursos en la matanza de jóvenes, en las torturas en esas prisiones infernales, en el destrozo de propiedades. ¿Qué merecen los autores materiales e intelectuales de semejantes atrocidades?, ¿que les juzguemos con estos tribunales y con las leyes actuales? De ninguna manera, tendremos que seguir el modelo del Tribunal Penal de Núremberg, que en un año juzgó, sentenció y ejecutó las condenas a los jerarcas nazis, procedimiento que sirvió de guía a la creación de esa Corte Penal Internacional de La Haya que ha desfigurado el sentido de justicia que privó para su creación al desentenderse de nuestra tragedia y tirar a la basura tantas denuncias sangrantes que se le han llevado y que el fiscal Moreno Ocampo que allá las tuvo calificó de “peleas callejeras” y luego esta Bensouda simplemente las engavetó.

En Venezuela se necesita justicia más que pan, pero no la iremos a buscar en aquel frío y lejano lugar de los confines de Europa. Eso tendremos que hacerlo nosotros mismos en nuestro territorio y con nuestros propios jueces.

@carlosramirezl3