Porqué no es válido el diálogo político en Venezuela

Dr. Juan Castro /
Especial para Elglobonews.com –

A la luz del derecho procesal, la validez de un diálogo entre las partes que conforman un litigio pasa porque estas tengan legitimidad, lo cual implica que ambas estén legalmente reconocidas, autorizadas, y facultadas como sujetos idóneos para discutir con relación a los derechos e intereses que les asisten. No es posible, jurídicamente hablando, que pueda sostenerse un diálogo y que este culmine con algún acuerdo válido entre partes si ellas no gozan de legitimidad, así el acuerdo perfeccionado entre partes ilegítimas es nulo e inexistente, no tiene efecto jurídico alguno.

En este sentido, lo primero que debe analizarse en el escenario político venezolano es si el gobierno, el poder ejecutivo, tiene la legitimidad jurídica necesaria para sentarse a discutir con la oposición y lograr acuerdos que tengan validez y eficacia.

Como sabemos, en el caso de Venezuela estamos frente a un gobierno/Estado que es delincuente, en consecuencia, carece totalmente de la legitimidad jurídica necesaria para adelantar cualquier negociación y llegar a acuerdos válidos, máxime cuando en su cuarto informe, presentado en fecha 25/09/2017, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señala: “La legitimación de origen de Nicolás Maduro quedó definitivamente enterrada cuando puso su cargo a disposición de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y ésta se lo reintegró. Esa validación por un órgano ilegítimo y fraudulento vuelve su cargo definitivamente inconstitucional”.

En el derecho penal, al imputado por un delito no le está dado sentarse a negociar para lograr una transacción o acuerdo con la víctima, apenas puede el indiciado admitir los hechos que le son imputados, con lo cual obtiene una rebaja de la pena. No puede un delincuente celebrar transacciones sobre materias que son objeto de delito, porque estos rompen y atentan contra lo que se conoce como el orden público, es decir, contra los más elementales principios de convivencia civilizada, cuyo respeto es de impretermitible cumplimiento por todos los miembros de la sociedad.

Así, quien asesina, secuestra o lesiona gravemente a otro individuo necesariamente deberá purgar condena por su conducta, no siendo admisible en estos casos la transacción, que es un negocio jurídico caracterizado por las recíprocas concesiones que hacen las partes para terminar un litigio pendiente o precaver uno eventual.

La comunidad internacional debe tomar en cuenta que si el gobierno venezolano ha sido catalogado como delincuente, forajido, terrorista, narcotraficante, violador de derechos humanos, etc., no luce viable que se procure un diálogo en el que una de las partes no tiene la legitimidad necesaria para constituirse como tal, porque esa “parte” ha cometido delitos atroces que atentan ostensiblemente contra el orden público internacional.

Con semejante contrincante, la oposición venezolana y la comunidad internacional no deberían entablar diálogo alguno, máxime cuando en el Preámbulo de la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se establece que los países miembros se comprometen “a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, con lo cual, la razón de ser de este organismo es preservar dos bienes fundamentales: 1) La Paz mundial y 2) la seguridad internacional, por ende, un Estado miembro que se ha convertido en narcotraficante y promotor del terrorismo más extremo, definitivamente atenta contra la paz y la seguridad internacionales, y en consecuencia no existe otra forma de tratarlo sino como reo de delitos internacionales.

Así planteadas las cosas, desde el punto de vista del derecho, no existe forma legítima mediante la cual los “diálogos” entre la oposición y el gobierno venezolanos se traduzcan en acuerdos válidos a la luz del derecho nacional e internacional. No obstante, siempre habrá quien plantee que cuando se abordan estos temas políticos desde lo jurídico, lo primero eclipsa a lo segundo, pero en realidad perdemos de vista que todo acuerdo, independientemente de su naturaleza, debe expresarse en términos jurídicos y siendo el derecho el marco dentro del cual deben inscribirse tales actuaciones, resulta de vital importancia no dejar de lado el análisis de estos aspectos, porque después “de ojo sacao no vale Santa Lucía”.

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